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Practicaje y Pilotaje
 
 
Decreto 2694/91
-Modificación: Dec. 817/1992, arts. 18 y siguientes-

REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PRACTICAJE Y PILOTAJE PARA RIOS, PUERTOS, PASOS Y CANALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

VISTO
el expediente N. 4117/91 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS -SECRETARIA DE TRANSPORTE-, lo dispuesto por el Decreto N. 2.284 del 31 de octubre de 1991 y lo propuesto por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO
Que el practicaje y pilotaje constituyen un servicio público impropio que es prestado por profesionales, en tanto el Estado Nacional ejerce actualmente a través de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, las funciones de administración y provisión de apoyo logístico para su ejercicio.
Que en virtud de la Reforma del Estado encarada por el Gobierno Nacional, se considera necesario descentralizar y desregular todas aquellas funciones y actividades que puedan ser prestadas por los particulares, entre las que se encuentra el servicio aludido.
Que por el Artículo 1 del Decreto N. 2.284/91 se deja sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio Nacional propendiéndose a liberar la contratación entre las partes interesadas.
Que asimismo el Artículo 12 de la norma antes citada deja sin efecto las limitaciones cuantitativas para el ejercicio de profesiones universitarias y no universitarias lo que hace necesario la apertura del registro de prácticos respetándose las condiciones de idoneidad que deben reunir los aspirantes a ingresar en dicho registro.
Que en relación al Servicio de Practicaje y Pilotaje, constituye un objetivo primordial lograr una mayor agilidad operativa y administrativa, así como una mayor economía para los usuarios, sin desatender la necesaria independencia de la prestación profesional del mismo.
Que los servicios conexos al practicaje y pilotaje deben seguir el mismo esquema desregulatorio.
Que es necesaria una ampliación de la oferta de profesionales para un real abaratamiento de los costos para el usuario.
Que en su carácter de servicio público deben fijarse las tarifas máximas para la prestación de cada tipo de servicio.
Que es necesario establecer la autoridad de aplicación del nuevo sistema creado por el presente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 86, inciso 1) de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1: Los prácticos habilitados por la autoridad competente, podrán ser contratados libremente por los usuarios para la prestación de sus servicios en carácter de profesionales independientes, ya sean en forma individual o a través de asociaciones o personas jurídicas registradas en las que se nucleen.

Art. 2: La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, deberá, a partir de la vigencia del presente decreto, abrir sus registros para la incorporación y habilitación de nuevos prácticos, sin límite de número, a todo profesional que reúna las condiciones de idoneidad establecidas por el ordenamiento jurídico vigente que rige la actividad.

Art. 3: Los servicios de apoyo para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos, podrán ser prestados libremente o suministrados por los usuarios y/o los prácticos; debiendo la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA prestarlos solamente en los lugares en los que los particulares no lo hicieran, facturando a los usuarios, los servicios que se presten.

Art. 4: La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO, será la Autoridad de Aplicación del presente decreto.

Art. 5: La retribución de los servicios de practicaje y pilotaje será convenida en cada caso entre el o los prácticos y quien solicite su intervención. El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la autoridad de aplicación del presente decreto, determinará las tarifas máximas para cada tipo de servicio.

Art. 6: La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, en su carácter de policía de la navegación, ejercerá el poder de policía para garantizar la adecuada prestación de los servicios de practicaje y pilotaje, en todos los aspectos vinculados con la seguridad de la navegación.

Art. 7: Apruébase el “Reglamento de los servicios de Practicaje y Pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la REPUBLICA ARGENTINA” que forma parte integrante del presente decreto, como Anexo I.

Art. 8: Deróganse los Artículos Nro. 1 y 3 del Decreto N. 191 del
22 de julio de 1982; el Artículo N. 2 del Decreto N. 1.447 del 3 de
setiembre de 1987, y los Decretos Nros. 2.919 del 7 de noviembre de 1983, 2.885 del 13 de setiembre de 1984, 1.634 del 18 de setiembre de 1986 y 1.515 del 21 de octubre de 1988.

Art. 9: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

ANEXO A: ANEXO I REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICAJE Y PILOTAJE PARA LOS RIOS, PUERTOS, PASOS Y CANALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CAPITULO I (artículos 1 al 12)
DE LA PRESTACION DEL PRACTICAJE Y PILOTAJE
NATURALEZA DEL PRACTICAJE Y PILOTAJE (artículos 1 al 2)

Artículo 1: El practicaje y el pilotaje son las tareas que realiza a bordo de los buques el personal habilitado para asesorar al capitán en navegación, maniobras y reglamentación, en las zonas declaradas de practicaje o pilotaje obligatorio o facultativo. A los efectos de las disposiciones establecidas en este Reglamento, aquellas tareas que se realizan en puerto se denominan “practicaje” y las de navegación en ríos, pasos y canales se denominan “pilotajes”.

Artículo 2: El practicaje y el pilotaje constituyen un servicio público, de interés para la seguridad de la navegación, siendo ejercidos por personas que habiendo cumplido las condiciones previstas en el reglamento de formación y capacitación del personal embarcado de la Marina Mercante (REFOCAPEMM), o las del presente según corresponda, habilita la autoridad competente con la denominación de prácticos. La edad límite para el ejercicio de la profesión de práctico será de SETENTA (70) años cumplidos. Para mantener vigente la habilitación, el práctico no debe interrumpir la prestación de sus servicios por períodos mayores a los CIENTO VEINTE (120) días corridos.
ZONAS Y PUERTOS DE PRACTICAJE Y PILOTAJE OBLIGATORIO

Artículo 3: Los servicios de apoyo para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos, podrán ser prestados libremente o suministrados por los usuarios y los prácticos, de acuerdo a la normativa vigente, debiendo la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA prestarlos solamente en los lugares donde los particulares no lo hicieran o a requerimiento de la autoridad de aplicación, facturando a los usuarios los servicios que se presten.
La ARMADA ARGENTINA y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA deberán
prestar los servicios de practicaje, pilotaje o baquía en aquellas zonas cuando a juicio de la autoridad de aplicación del presente, no hubiera práctico, piloto o baqueano, o la oferta de los servicios adquiriesen comportamiento monopólicos.
ZONA DE ESPERA Y ALIJO

Artículo 4: Declárase Zona de Espera y Alijo al tramo comprendido entre el límite Oeste de la Zona de Río de la Plata y los límites Este y Norte, incluidos en ella, de la Zona Puerto de Buenos Aires. Los movimientos dentro de la antedicha Zona de Espera y Alijo serán efectuados por los Prácticos de la Zona Puerto La Plata.
BUQUES CON OBLIGACION DE TOMAR PRACTICO

Artículo 5: Todo buque argentino o extranjero, mientras navegue en las zonas de practicaje o pilotaje obligatorio, debe llevar práctico a su bordo con las excepciones que se detallan en el artículo 6. Los convoyes a remolque o empuje, deben considerarse como una sola unidad a los efectos del despacho.
BUQUES EXIMIDOS DE TOMAR PRACTICO

Artículo 6: Quedan exentos de la obligatoriedad de llevar práctico en:
A) Zonas portuarias:
1. En los Puertos de Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, los buques argentinos de hasta CIENTO VEINTE (120) metros de eslora y cuyo calado sea de hasta SEIS METROS UN DECIMETRO (6,1), equivalente a VEINTE (20) Pies.
2. En los Puertos de Mar del Plata y Quequén, los buques argentinos de hasta SETENTA Y CINCO (75) metros de eslora y cuyo calado sea de hasta CUATRO METROS NUEVE DECIMETROS (4,9), equivalente a DIECISEIS (16) pies.
3. Para los buques argentinos se incluye dentro de la Zona Río Paraná el practicaje de los Puertos de dicho Río con las excepciones que se establecen en el párrafo siguiente: dentro de la Zona Río Uruguay el practicaje del Puerto de Concepción del Uruguay y dentro de la Zona Ría de Bahía Blanca, el practicaje de los puertos se considerará como continuidad de las zonas respectivas. Quedan exceptuados de esta disposición, en la Zona Río Paraná, el Puerto de Campana (para buques de una sola hélice y más de CIENTO CINCUENTA (150) metros de eslora o de DOS o más hélices y más de CIENTO OCHENTA (180) metros de eslora) y el Puerto de Santa Fe, en cuyo caso los buques deberán tomar prácticos en dichos puertos.
B) Zona Litoral Marítimo Sur: los puertos y cargaderos de esta zona de practicaje y pilotaje en las siguientes condiciones:
1. En San Antonio, Embarcadero de Mineral de Punta Colorada y Puerto Madryn, los buques argentinos de hasta CIENTO VEINTE (120) metros de eslora.
2. En el Puerto de Ushuaia y Canal Beagle, los buques argentinos con las limitaciones dispuestas en el Artículo 23, inciso 2) del presente Reglamento.
3. En el resto de los puertos y cargaderos, los buques argentinos cualquiera sea su eslora y calado.
C) Zona del Río de la Plata:
1. Los buques argentinos cualquiera sea la extensión de su eslora y cuyo calado sea hasta seis metros con cuarenta centímetros (6,40) o veintiún (21) pies.
2. Los buques argentinos cualesquiera sean su eslora y calado, en la zona fijada en el artículo 4 del presente;
D) Zona de los ríos Paraná y Uruguay:
1. Los buques argentinos cuando tengan hasta ciento veinte (120) metros de eslora y cuyo calado no exceda de seis metros con diez centímetros (6,10) o veinte (20) pies.
2. Los convoyes de empuje cualesquiera sean su eslora y bandera;
E) En cualquier zona de practicaje o pilotaje:
1. Los buques y convoyes de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval Argentina, al mando de personal militar y personal policial en actividad, respectivamente.
2. Los buques y dragas de bandera extranjera que de acuerdo con los tratados internacionales puedan navegar sin práctico o con práctico extranjero, como así también las dragas, ganguiles y balizadores argentinos, cualquiera sea la extensión de su eslora y calado.
3. Los buques afectados a tareas de investigación científica, técnica u otras finalidades, eximidos por la Prefectura Naval Argentina de la obligación de llevar práctico.

MODIFICACIONES A ZONAS Y EXENCIONES

Artículo 7: El Prefecto Nacional Naval queda facultado a introducir las modificaciones de carácter transitorio a las limitaciones de las zonas, como así también la incorporación de nuevas zonas cuando las necesidades o razones de seguridad de la navegación así lo exijan. Cuando dichas medidas deban adquirir carácter permanente, promoverá su incorporación al presente Reglamento; similar temperamento se adoptará en lo que respecta a las modificaciones de las exenciones establecidas por el artículo 6 de este Reglamento.

INFRACCIONES (artículos 8 al 9)

Artículo 8: Los responsables de los buques,
propietarios, armadores, capitanes y/o agentes marítimos, que sin mediar razones de fuerza mayor, efectúen navegación o movimientos en las zonas de practicaje o pilotaje obligatorio sin tomar práctico o habiéndolo desembarcado, serán considerados solidariamente responsables de la infracción cometida.

Artículo 9: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8, los capitanes de los buques argentinos que hubieran omitido llevar práctico, quedan también comprendidos en las previsiones del Artículo 599.0101 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE).

PRESTACION DEL PRACTICAJE Y PILOTAJE (artículos 10 al 11)

Artículo 10: Los practicajes y pilotajes se efectuarán sin interrupción. Se entiende que un practicaje o pilotaje se efectúa sin interrupción cuando la navegación es continuada desde que se inicia el practicaje o pilotaje hasta la llegada del buque a su lugar de amarre o rada de destino.
Se incluye en la duración del tiempo de practicaje o pilotaje las demoras no imputables al práctico: descanso del mismo, condiciones hidrimeteorológicas, condiciones del buque, etc.
En los servicios iniciados, sin por razones inherentes al buque no se los pudiera completar en la forma solicitada inicialmente, se considerará finalizado el practicaje o pilotaje luego de TRES (3) horas de haber dejado el buque amarrado en muelle autorizado o fondeado en rada habilitada por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. Los servicios solicitados con escala se considerarán finalizados cuando la permanencia en la misma demande un tiempo mayor de SEIS (6) horas, entendiéndose que un buque hace escala cuando toca un puerto que no es el de su destino.

Artículo 11: El práctico tendrá derecho a gozar de hasta SEIS (6) horas continuadas de descanso en el buque en el que esté ejerciendo sus funciones, cuando sus servicios hayan sido prestados ininterrumpidamente por un período de OCHO (8) horas. Para la medición de este término se tendrá en cuenta la realización específica de la tarea y toda interrupción que no supere las DOS (2) horas continuadas.
En caso de que el práctico, juntamente con el capitán, evalúen la posibilidad de arribar a destino dentro de las próximas DOS (2) horas de haber transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, no deberá hacer uso del derecho establecido. Entre su arribo a la Estación de Practicaje o su domicilio particular, según corresponda, luego de finalizado un servicio o suma de servicios continuados que superen OCHO (8) horas de dedicación específica hasta recibir el despacho correspondiente a otro, el práctico estará facultado a gozar del derecho referido. Para la medición de este tiempo se aplicará el mismo concepto indicado en el primer párrafo de este artículo.
Cuando los pilotajes deben ser efectuados por períodos mayores de diez (10) horas ininterrumpidas podrá contarse con práctico de relevo a bordo.
REGIMEN DE PRACTICAJES Y PILOTAJES
Artículo 12: En las zonas de Practicaje y Pilotaje se observarán las siguientes normas:
a) En los recorridos de hasta DOSCIENTOS VEINTE (220) kilómetros corresponde UN (1) práctico solamente.
b) En los recorridos de más de DOSCIENTOS VEINTE (220) kilómetros corresponden DOS (2) prácticos.
c) En los practicajes y pilotajes, cuando por las características del buque se prevean dificultades en la maniobra, y/o derrota y en recorridos con una duración de más de OCHO (8) horas de navegación sin posibilidad de interrupción, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA podrá disponer el incremento del número de prácticos que corresponda asignar al mismo.

CAPITULO II
DE LOS PRACTICOS (artículos 13 al 22)
CARACTER DEL PRACTICO

Artículo 13: El práctico es un asesor de ruta y maniobra del capitán. En el ejercicio de sus funciones a bordo de buque extranjero es delegado de la Autoridad Marítima.
Asesora al capitán acerca de las reglamentaciones especiales sobre la navegación en la zona y vigila y exige su cumplimiento. El práctico es responsable por los accidentes o daños resultantes de su asesoramiento salvo prueba en contrario.
A pedido del capitán, los prácticos deben dar directamente indicaciones concernientes a la conducción o maniobra del buque, a condición de que el capitán o quien lo reemplace esté presente y pueda, si fuera necesario, intervenir. El capitán es el responsable de la conducción, maniobra y gobierno del buque y su autoridad, en ningún caso se delega en el práctico.

HABILITACION DEL ASPIRANTE-TITULO

Artículo 14: Los prácticos serán habilitados para cada zona, luego de aprobar las evaluaciones reglamentarias, incluido el examen práctico final, por la autoridad competente y se distinguirán por la denominación de prácticos de la misma, recibiendo un diploma otorgado por la citada Autoridad y una credencial firmada por el Director del Servicio de Practicaje y Pilotaje donde constará el título profesional correspondiente.
DEBERES

Artículo 15: Son deberes del práctico:
Ejecutar el practicaje o pilotaje correspondiente y los movimientos previos y posteriores del buque hasta el término de su cometido, incluso en situaciones de cambio de giro o de destino.
Se exceptuarán los siguientes casos:
1. Por enfermedad o accidente que lo inhabilite para seguir prestando servicios.
2. En los casos que expresamente determine la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.


PRACTICAJE EN PUERTOS QUE NO CUENTEN CON PRACTICO DISPONIBLE

Artículo 16: Los prácticos que ejerzan funciones a bordo de buques con destino a puertos de su zona, que no tuvieren prácticos habilitados, o teniéndolos, no se encuentren en condiciones de prestar servicio, previo los recaudos que garanticen su capacidad, por orden de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA estarán obligados a ejecutar el practicaje de puerto.
ADSCRIPCION

Artículo 17: La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, por razones imprescindibles de servicio podrá adscribir prácticos de una zona para ejercer su profesión en otras, previo los recaudos que garanticen su capacidad para el servicio al que serán destinados.
DERECHOS

Artículo 18: Son derechos del práctico: No embarcar o desembarcar cuando a su juicio no están dadas las condiciones necesarias para su seguridad personal.
Dejará registrada tal circunstancia y sus causales, en un acta labrada ante la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
REINCORPORACION (artículos 19 al 20)

Artículo 19: Los prácticos separados del servicio a su solicitud, podrán ser reincorporados en sus zonas respectivas debiendo cumplimentar los requisitos de habilitación.

Artículo 20: El práctico en servicio que haya cambiado de zona podrá retornar a la inmediata anterior a la que pertenecía siempre que no haya transcurrido más de UN (1) año desde su alejamiento.
FACULTADES DISCIPLINARIAS

Artículo 21: Las sanciones de apercibimiento y de suspensión en la habilitación hasta TREINTA (30) días podrán ser impuestas por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.
SUSPENSION PROVISORIA

Artículo 22: En aquellos casos en que la conducta de los prácticos pudiere dar lugar, en principio, a la aplicación de la sanción de cancelación de la habilitación, el PREFECTO NACIONAL NAVAL podrá disponer la suspensión provisoria en sus funciones del práctico imputado, hasta tanto se dicte resolución en la respectiva causa administrativa.

CAPITULO III
PRACTICAJE Y PILOTAJE EN EL CANAL BEAGLE Y SUS PUERTOS (artículos 23 al 24)

Artículo 23: El practicaje y pilotaje previsto en el Artículo 3, inciso d) apartado 1) para el Puerto de Ushuaia y apartado 2) para el Canal Beagle se ajustará a lo siguiente:
1. Los buques chilenos se regirán por el Reglamento de Practicaje y Pilotaje de la REPUBLICA DE CHILE en el Canal Beagle y por el presente Reglamento tanto para la entrada como para la salida del Puerto de Ushuaia.
2. Los buques argentinos cuando tengan hasta CIENTO VEINTE (120) metros de eslora máxima y cuyo calado sea hasta SEIS METROS DIEZ CENTIMETROS (6,10), equivalente a VEINTE (20) pies, estarán exentos de la obligatoriedad de uso de práctico tanto para la navegación por el Canal Beagle como para las entradas y salida en el Puerto de Ushuaia.
Aquellos buques que excedan los topes mencionados en el párrafo anterior, estarán obligados al uso de práctico tanto para la navegación por el Canal Beagle, como las entradas y salida en el Puerto de Ushuaia.
3. Los buques de terceras banderas que naveguen desde o hacia el Puerto de Ushuaia procedentes de puertos situados fuera del tramo del Canal Beagle a que se refiere el Artículo 11 del Anexo N. 2 del Tratado de Paz y Amistad, deberán tomar práctico argentino para la navegación en el Canal Beagle y para entrada o salida al citado puerto extensivo a todos otros puertos y cargaderos que se crearen en el futuro en la zona.
4. Cuando los buques de terceras banderas naveguen entre puertos argentinos y chilenos -ubicados ambos en el tramo del Canal Beagle a que se refiere el Artículo 11 del Anexo N. 2 del Tratado de Paz y Amistad y sin haber salida de dicho tramo- tomarán práctico argentino para la salida y navegación por el canal y práctico chileno para el ingreso a puerto chileno.
Cuando en las mismas circunstancias estos buques naveguen entre puertos chilenos y argentinos, embarcarán práctico chileno para la salida y navegación por el canal y práctico argentino para el ingreso a puerto argentino.
En el supuesto que dichos buques salgan del tramo de referencia, será de aplicación el inciso 3.
5. Los buques de terceras banderas que naveguen el Canal Beagle sin tocar ninguno de sus puertos, tomarán práctico argentino cuando se dirijan hacia el oeste y continuarán con práctico chileno cuando lo hagan hacia el este.
6. Los buques que utilicen práctico izarán la bandera del país cuyo reglamento estén aplicando.
7. Serán zonas de espera o desembarco de prácticos las siguientes:
a) Para el practicaje en el Puerto de Ushuaia: frente a Islotes Les Eclaiereurs.
b) Para el pilotaje en el Canal Beagle: en el este, para los buques que tomen o provengan de los Pasos Picton y Richmond, al sur de la baliza Pampa de los Indios para los buques que efectúen la navegación a través del Canal Beagle, al sur de Punta Moat, en ambos casos en aguas jurisdiccionales argentinas; en el oeste, el Meridiano 68º 36’ 38” 5w.
c) Para los buques que se dirijan hacia el Puerto de Ushuaia provenientes del sur a través del Canal Murray el punto situado en Latitud 54º 53’ 05” S. Longitud 68º 28w.

Artículo 24: Si las zonas de espera para el embarco y desembarco de prácticos establecidas en el artículo 23 inciso 7) debieran ser modificadas en forma permanente o transitoria una vez aprobado tal criterio por la Comisión Binacional, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO le informará al MINISTERIO DE DEFENSA para que éste disponga tal modificación por intermedio del organismo competente.

Decreto 817/92

DESREGULACION DE SERVICIOS DE BAQUIA, PILOTAJE, PRACTICOS, TRABAJO PORTUARIO Y TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE


VISTO
las Leyes Nros.23.696, 23.697 y 23.928 los Decretos Nros.2284 del 1 de noviembre de 1991 y 2694 del 20 de diciembre de 1991, y

CONSIDERANDO
Que la Ley N.23.696 de Reforma del Estado ha puesto en marcha un profundo proceso de reorganización de la Administración Pública Nacional, autorizando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a tomar decisiones tendientes a materializar las citadas transformaciones Que dicha norma debe ser aplicada teniendo en cuenta que la Ley N. 23.697 fue sancionada con el objeto de producir las transformaciones económicas que necesitaba el país, siendo necesario para ello instrumentar medidas para afianzar el proceso de apertura económica iniciado desde la sanción de las mencionadas leyes.
Que el marco legal se ve complementado por otras normas sancionadas por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION que determinan la voluntad legislativa de producir los cambios mencionados en los distintos procesos económicos.
Que la Ley N.23.928 establece la convertibilidad de la moneda lo que impone la necesidad de que los mercados tengan un mecanismo de funcionamiento fluido y que existan precios que se formen como consecuencia de la interacción espontánea de la oferta y la demanda, sin que el Estado intervenga resguardando la existencia de monopolios o de intervenciones que afecten dichos procesos. Que mediante la suscripción del Tratado de Asunción el país forma parte del MERCOSUR por el cual se inicia el denominado derecho de la integración, obligándose la Nación a instrumentar los medios para alcanzar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países signatarios.
Que dentro de este esquema legal debe insertarse el proceso de desregulación que tuvo plena recepción normativa con el dictado del Decreto N.2284/91 el que fue complementado por normas reglamentarias posteriores que tendieron en su conjunto al retiro de la actividad estatal de los procesos económicos, a la baja de los costos y a fortalecer la política de apertura de los mercados Que las Leyes Nros.23.696 y 23.697 marcan las pautas de inicio del proceso de desregulación a través de numerosos artículos de sus textos e instrumentando técnicas a fin de que el PODER EJECUTIVO NACIONAL proceda a la derogación de normas de carácter legal o reglamentarias que impidan alcanzar los objetivos perseguidos en tales políticas legislativas.
Que la Ley N.23.696 contiene disposiciones que no suponen su derogación por el mero transcurso del tiempo y que están vigentes hasta tanto se alcancen los fines perseguidos por el legislador, encontrándose dentro de las mencionadas la del Artículo 10 que autoriza expresamente al PODER EJECUTIVO NACIONAL a “... disponer, cuando sea necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias, aun cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio”.
Que dicha delegación de facultades no debe ser entendida en sentido restrictivo y por lo tanto es aplicable a las regulaciones que se eliminen dentro de un proceso de privatización y más allá de los mismos, conforme lo ha entendido calificada doctrina, comprendiendo no solamente la desregulación de un determinado servicio sino que atañe a cualquier actividad en la que un comportamiento suponga la existencia de monopolios o de regulaciones y que en definitiva importen mecanismos que atenten contra la libertad y fluidez de los mercados.
Que en uso de tales facultades debe interpretarse el dictado del Artículo 1 del Decreto N.2284/91 por el cual se dejan sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional y todas las restricciones que distorsionen los
precios de mercado evitando la interacción espontánea de la oferta y la demanda, disposición que alcanza a todas las actividades que componen los procesos de producción y comercialización.
Que dentro de los mismos reviste singular importancia el transporte por agua y las actividades y servicios que se prestan dentro de los puertos, constituyendo un factor decisivo en la formación de los costos y precios de la economía, los que tienen consecuencia directa tanto para el comercio interior como para mejorar las condiciones para un pleno desarrollo del comercio exterior.
Que ambas actividades han quedado sujetas a privatización de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Reforma del Estado que contempla la venta de la EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS y la concesión de los servicios a cargo de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS.
Que la actividad del transporte por agua y los servicios portuarios son uno de los sectores que soporta mayores regulaciones, las que fueron motivadas por causas que actualmente han desaparecido.
Que, en este marco, subsisten intervenciones estatales que no se compadecen con el proceso desregulatorio descripto, por lo que se torna necesario el dictado de una norma específica que importe la supresión de excesivos requisitos, homologaciones, intervenciones, inscripciones, privilegios, monopolios y protecciones de muy
diversa índole que actualmente inhiben el desarrollo del transporte por agua y el funcionamiento competitivo y fluido de los puertos.
Que para alcanzar dichos cometidos es necesario enmarcar a las actividades que involucra el presente en los principios de libre contratación, libre ingreso de nuevos prestadores y servicios y libre fijación de precios y tarifas de acuerdo con las modalidades propias de cada actividad y con el objeto de asegurar la
eficiencia y continuidad de los respectivos servicios; limitando la intervención estatal en lo que respecta al ejercicio de la policía de seguridad, al cumplimiento de los requisitos mínimos del servicio público, a la preservación del medio ambiente y a la
protección del usuario y del consumidor frente a posibles violaciones a los principios de la sana competencia.
Que el transporte marítimo y fluvial constituye junto con la actividad portuaria una unidad sistemática que actuando en armonía resultan uno de los factores principales de la competitividad de la economía nacional.
Que resulta necesario impulsar una mayor actividad del transporte fluvial y marítimo en un marco de libertad de navegación, comunicación y comercio, en condiciones de reciprocidad y con los mínimos requisitos para realizar tales actividades, tendiendo a la baja de costos que necesariamente favorecerá tanto al consumo interno como a la colocación de productos nacionales en el extranjero y privilegiando la integración con los países de la región.
Que es necesario privilegiar la automaticidad de las intervenciones previas estatales con el objeto de no trabar la actividad de los particulares y además para cumplir con los requisitos de celeridad, economía y sencillez propio de todo procedimiento administrativo.Que en un marco de libre competencia se torna necesario ampliar el mercado de las actividades que componen las funciones portuarias y también los horarios de funcionamiento de los puertos con el objeto de no limitar el pleno desarrollo del comercio interior y exterior y asegurar una utilización más eficiente de las instalaciones y espacios disponibles.
Que lo expresado debe necesariamente ponerse de manifiesto en la libertad de contratación y fijación de tarifas entre las partes contratantes involucradas en los procesos descriptos y la ampliación de los servicios de depósito, estibaje, y demás actividades portuarias que en un conjunto sirvan para privilegiar el marco de libre competencia y desmonopolización de las actividades.
Que la reorganización portuaria requiere la descentralización de su administración, a través de la transferencia a las Provincias, municipios o al sector privado por vía de concesiones, lo que implica la disolución de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO.
Que atento la privatización de los servicios portuarios debe incluirse a tal actividad dentro de las previsiones del Artículo 10 de la Reglamentación de la Ley N.23.696 aprobada por Decreto N 1105/89 y por lo tanto excluida toda norma legal o reglamentaria que establezca privilegios, prohibiciones o monopolios que no sean
expresamente ratificados por el presente decreto o por normas reglamentarias anteriores.
Que las tasas, precios u otras contraprestaciones que paguen los usuarios deben tener estricta correlación con el servicio portuario que se preste, no debiéndose abonar por aquellos servicios no prestados o no usados por particulares.
Que las disposiciones contenidas en el presente, referidas a la actividad portuaria, están en un todo de acuerdo con las prescripciones de la Ley N.23.696, en especial su Artículo 10 así como también con el proyecto de Ley de Puertos que ya cuenta con media sanción por parte del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. Que en el mismo sentido las disposiciones del presente continúan y profundizan las orientaciones oportunamente establecidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de los Decretos Nros. 2074/90 y 906/91.
Que se torna imperioso desmonopolizar y ampliar el volumen de depósitos de cargas autorizando a las distintas empresas a brindar servicios, previa autorización de la autoridad estatal para el legal uso de los bienes del dominio público y resguardando el control aduanero y de sanidad ejercido por los respectivos organismos administrativos.
Que el Decreto N.1772 del 31 de setiembre de 1991 establece que la SECRETARIA DE TRANSPORTE elevará un proyecto de régimen definitivo para aplicar a los buques y artefactos navales de bandera argentina.
Que a través del presente se establece el régimen con los únicos requisitos para autorizar la navegación de los buques y artefactos navales de bandera argentina.
Que con el dictado del presente se tiende a eliminar las causas que dieran origen al dictado del Decreto N.1772/91, lo que permitirá en su momento poner fin al régimen de emergencia de la mencionada norma.
Que resulta necesario establecer nuevas pautas para el desarrollo de las actividades de practicaje, pilotaje y remolque maniobra, en orden a adaptar a la política implementada por el Gobierno Nacional, tendiente a evitar distorsiones de los precios de mercado propendiendo paulatinamente a la interacción espontánea de la oferta y la demanda y a la libertad y fluidez de los mercados
Que los capitanes al mando de sus buques cuando han realizado en repetidas oportunidades los trayectos sujetos a la obligación de llevar baqueano, práctico o piloto en determinadas situaciones son los más capacitados para conducir o aconsejar las maniobras de sus buques.
Que la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA es la que cuenta con los conocimientos y los medios más adecuados para prestar los servicios de lanchaje, baquía, practicaje o pilotaje ante la falta de oferta por los particulares o cuando a juicio de la autoridad de aplicación de los regímenes mencionados se haga necesario solamente para garantizar los servicios involucrados. Que SESENTA (60) años de edad para mantener en actividad a los prácticos o pilotos constituye un límite que deja a un número elevado de personas en condiciones psicofísicas fuera del mercado siendo necesario elevar el mismo a los SETENTA (70) años. Que para mantener vigente la habilitación de los prácticos o pilotos no deben estar inactivos por períodos mayores a los TREINTA (30) días, siendo este plazo demasiado exiguo, hace necesario su ampliación a CIENTO VEINTE (120) días. Que cuando la oferta de un determinado servicio es limitada se hace necesario establecer una retribución que se adecue con el costo real del mismo, hasta que la fluidez de la oferta haga posible su liberación.
Que las regulaciones existentes en las actividades portuarias o de transporte fluvial y marítimo no solamente dieron lugar a privilegios o monopolios en determinada actividad sino que también, al estar relacionadas con las condiciones laborales del personal involucrado en las mismas, se han traducido en limitaciones a la libertad de contratación entre las partes y en la formación de gravosos sobrecostos.
Que dichas regulaciones tenían su fuente en convenciones colectivas de trabajo y actas acuerdo colectivos, muchas de ellas homologadas hace casi dos décadas y que no reflejan una adaptación de los distintos regímenes laborales a las actuales condiciones en que se desenvuelve la economía nacional.
Que suspender disposiciones convencionales, legales o emanadas de actas acuerdo que regían la actividad laboral del personal vinculado a los servicios portuarios o de la navegación no supone la desprotección del trabajador sino la adaptación de los regímenes respectivos a las transformaciones de las actividades navieras y portuarias.
Que un marco de libertad de contratación sin privilegios es más favorable a los intereses legítimos de los trabajadores que aquellos sistemas fundados en supuestas conquistas que sólo benefician a grupos de interés minoritarios.
Que dentro del concepto de regulación también se debe comprender a aquellas que tuvieron objeto en reglamentaciones de relaciones laborales, otorgando a determinado sector privilegios que van más allá de las previsiones del régimen general vigente o generando gravosos sobrecostos a la economía del país.
Que nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha señalado in re- “SOENGAS, Héctor R. y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos” del 7 de agosto de 1990 que en situaciones de emergencia social o económica la facultad de reglar los derechos personales puede ser más enérgica que en los períodos de sosiego y normalidad, principio que debe ser de aplicación en el presente, teniendo en cuenta además que el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL convocará a las partes a celebrar nuevos convenios colectivos en armonía con las nuevas modalidades de actividad y conforme a reglas que permitan la plena ocupación laboral y la mejora de los servicios portuarios o de la navegación.
Que el proceso de estabilización de la economía delineado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION debe complementarse con normas que con la mayor celeridad impulsen el crecimiento de la actividad económica, las que deben instrumentarse simultáneamente con el objeto de provocar la pronta recuperación de los mercados. Que el presente se dicta en uso de las facultades que surgen de los incisos 1) y 2) del Artículo 86 de la Constitución Nacional y artículo 10 de la Ley N. 23.696.


CAPITULO I REORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y PRIVATIZACION

Art. 1: Créase la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES en la órbita de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. La mencionada Subsecretaría será la autoridad portuaria nacional, ejerciendo todas las funciones propias de tal responsabilidad, cuyo titular será, a la vez Interventor de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. Modifícase el punto IX del art. 1º del dec. 2632/1991, el que quedará redactado de la siguiente forma:
IX – Secretaría de transporte
Subsecretaría de Transporte Automotor
Subsecretaría de Transporte Aéreo Fluvial y Marítimo
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
Modifícase el anexo I y II del dec. 2632/1991 en la forma indicada en el anexo I y II, respectivamente, del presente decreto.
Art. 2: Dispónese la disolución de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (A.G.P.S.E.), la que se efectivizará cuando hayan sido privatizados, transformados o transferidos los puertos que se encuentran bajo su jurisdicción. El personal del mencionado organismo podrá ser transferido a otros organismos de la Administración Nacional, reubicado en las empresas adjudicatarias de los servicios privatizados o en los futuros entes administradores de puertos. El personal excedente podrá acogerse al régimen de retiro voluntario que deberá instrumentar la autoridad de aplicación, en el marco de las normas vigentes en la materia.
Art. 3: Durante el período que medie hasta la efectivización de la disolución de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, créanse en el ámbito del mencionado organismo, y con carácter provisorio, las siguientes unidades:
a) ADMINISTRACION DEL PUERTO DE BUENOS AIRES
b) ADMINISTRACION DEL PUERTO DE ROSARIO
c) ADMINISTRACION DEL PUERTO DE QUEQUEN
d) ADMINISTRACION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA
e) ADMINISTRACION DEL PUERTO DE SANTA FE
f) ADMINISTRACION DEL PUERTO DE USHUAIA

Art. 4: Dispónese la disolución de la CAPITANIA GENERAL DE PUERTOS y la transferencia de sus competencias a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES la que podrá delegarlas a las autoridades portuarias de las distintas administraciones de los puertos.
Art. 5: El Interventor liquidador de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO tendrá como principal objetivo de su gestión la privatización y/o transferencia de los puertos, maximizando la competencia, evitando los monopolios, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Reforma del Estado. Será su responsabilidad asimismo la liquidación de las estructuras, actividades y activos remanentes de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO y la ejecución de los programas de retiro voluntario y racionalización de los puertos mientras éstos permanezcan en su órbita.
Art. 6: Los Administradores provisorios de los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Quequén, Santa Fe y Ushuaia serán la única autoridad portuaria dentro de su jurisdicción, bajo la dependencia y control de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. Cada administrador estará asesorado por un Consejo Consultivo Ad-Honorem que se expedirá a su requerimiento en dictámenes no vinculantes. El número de miembros de cada
consejo no podrá exceder de SIETE (7). Los miembros serán designados por la autoridad portuaria nacional; a razón de CINCO (5) entre representantes de los siguientes sectores de actividad:
gremios, cámaras y asociaciones de exportadores importadores y otras actividades industriales, comerciales o agrícolas, asociaciones de armadores, representantes de prestadores de servicios portuarios, y otras actividades vinculadas al quehacer portuario. Los DOS (2) restantes serán representantes de los estados provinciales y/o de los municipios donde se encuentren radicados los respectivos puertos.
La SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES reglamentará la selección de los miembros, la organización y el funcionamiento de los Consejos Consultivos Ad Honorem.

Art. 7: Los administradores provisorios podrán convocar a funcionarios de la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS, de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y de otros organismos públicos que cumplan funciones en las áreas portuarias, con el objeto de coordinar actividades, asegurar la fluidez del funcionamiento portuario y del comercio interior y exterior y el cumplimiento de las normas pertinentes. Los Consejos Consultivos podrán, en lo relativo a la coordinación de actividades de autoridades públicas que se desempeñen en el ámbito portuario, emitir opinión y hacer propuestas por su propia iniciativa, en todos los casos sin carácter vinculante.

Art. 8: Los objetivos de los administradores provisorios de los puertos de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Quequén, Santa Fe y Ushuaia serán:
a) Ejercer las responsabilidades propias de la autoridad portuaria en su jurisdicción, tendiendo a la mejora de la eficiencia y calidad de los servicios con el objeto de incrementar la competitividad del sector externo y arbitrar los eventuales conflictos que puedan suscitarse en el ámbito portuario.
b) Contribuir a las tareas de transferencia y/o privatización de los servicios portuarios y de las terminales del puerto bajo su responsabilidad, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las directivas de la autoridad portuaria nacional.
c) Asegurar el efectivo cumplimiento de las normas desregulatorias previstas en el presente decreto y en el Decreto N 2284/91 y las disposiciones complementarias pertinentes.
d) Asegurar la continuidad de los servicios a cargo de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO y el mantenimiento de los canales de acceso y áreas internas de sus respectivos puertos, de acuerdo a lo previsto en el artículo siguiente.
e) Arbitrar las medidas conducentes al mejoramiento de la recaudación fiscal y facilitar el desempeño de las autoridades aduaneras, impositivas y de seguridad en el ámbito portuario.
f) Contribuir a la preservación del medio ambiente en lo que atañe a su responsabilidad.

Art. 9.-La administración de cada puerto tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad el dragado, la señalización, el balizamiento y otras actividades conexas en sus respectivos canales de acceso y espejos de agua. La autoridad portuaria nacional reglamentará dentro de los TREINTA (30) días las modalidades y plazos de aplicación de la presente disposición.
Para el cumplimiento de esta responsabilidad, las autoridades de cada puerto podrán contratar la prestación de estos servicios con el sector privado, nacional e internacional, a través de mecanismos competitivos y abiertos, y/o hacer acuerdos directos con la DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS
NAVEGABLES.
EL SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL dictará las normas y ejercerá el control sobre su cumplimiento respecto del señalamiento marítimo, incluyendo el boyado y balizamiento, a cargo de las autoridades portuarias.
Art. 10.- Dispónese la racionalización y reorganización de la DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES,
la que dentro de los TREINTA (30) días del presente, actualizará el plan de actividades del área, detallando los canales que quedarán bajo la responsabilidad del sector privado, de la administración de cada puerto, o de la citada Dirección. A tal
efecto, la DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES preparará un esquema de los requerimientos de
materiales y de personal necesario para el mantenimiento y mejora de las vías navegables cuyo dragado, señalización, balizamiento y demás actividades conexas no sea privatizado o transferido. El mencionado esquema será elevado a la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES para su evaluación.
El personal excedente podrá ser transferido a los adjudicatarios privados de los servicios de dragado y conexos, podrá optar por el régimen de retiro voluntario que establezca la autoridad de aplicación, de acuerdo a las normas vigentes en la materia, o será puesto en disponibilidad.
La DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS
NAVEGABLES será responsable de la continuidad de los servicios hasta tanto se hayan producido las privatizaciones y/o transferencias previstas en el presente. A partir de esa circunstancia, la DIRECCION en cuestión podrá ofrecer sus
servicios a los nuevos responsables, a título oneroso. Asimismo, la mencionada DIRECCION NACIONAL tendrá bajo su responsabilidad el control y la difusión del estado de los canales de navegación, quedando a cargo del SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL la difusión del estado de los citados canales. Facúltase a ambos organismos a celebrar los Convenios que fueren menester para el mejor cumplimientode las funciones aquí dispuestas.

CAPITULO II TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE
Art. 11.- Sin perjuicio de las normas aduaneras y fiscales vigentes, los únicos requisitos exigibles para autorizar la navegación de buques y artefactos navales de cabotaje fluvial, marítimo y lacustre de bandera nacional, inclusive los buques pesqueros u otros artefactos navales destinados a actividades extractivas que se realicen en el ámbito fluvial o marítimo, o los que se hayan acogido al régimen instituido por el Decreto N 1772/91, serán: a) estar inscripto en el registro respectivo de buques; b) Ser comandado por un capitán titulado y habilitado. c) poseer certificados de navegabilidad, de radio, de máquina, de armamento y sanitario, extendidos a opción del armador, por la autoridad argentina competente o por organismos de clasificación internacional reconocidos por las autoridades argentinas; d) poseer certificado de franco bordo; e) en caso de buques de transporte de pasajeros, disponer del listado de los mismos; f) disponer de los seguros que establezca la reglamentación del presente de acuerdo a la actividad.
En el caso de buques pesqueros, los mismos deberán cumplir los requisitos precedentes, según corresponda, y disponer de las habilitaciones específicas de la actividad, otorgadas por la autoridad competente.
Quedan excluidas de las disposiciones del presente las embarcaciones deportivas y de esparcimiento, las que seguirán regidas por las normas vigentes.
Art. 12: La autoridad marítima y fluvial tendrá obligación de dar salida y entrada a todo buque o artefacto naval que haya cumplido con las condiciones establecidas en el artículo precedente.
Art. 13. (Texto vigente según dec. 1010/2004) Corresponderá a los armadores, incluidos aquellos cuyos buques estén destinados a actividades extractivas, la determinación del personal de explotación de los buques y artefactos navales de acuerdo a la normativa vigente.
La dotación mínima de personal de seguridad será fijada por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, de acuerdo a las normas técnicas en la materia que rijan a nivel internacional y las dotaciones mínimas de seguridad de los buques de bandera extranjera serán determinadas por el país de abanderamiento, excepto que éstos se lo soliciten formalmente a la Autoridad Marítima Argentina.
Art. 13: (Texto original) Autorízase a los armadores nacionales y extranjeros, incluidos aquellos cuyos buques estén destinados a actividades extractivas, la libre determinación del personal de explotación de los buques y artefactos navales. La dotación mínima de personal de seguridad será fijada por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA de acuerdo a las normas técnicas en la materia que rijan a nivel internacional o, a opción del armador, por entidades internacionales de clasificación, reconocidas por la autoridad de aplicación del presente.Déjanse sin efecto todas las normas que limiten la libertad de los armadores para determinar las dotaciones de explotación de sus buques y artefactos navales. Asimismo déjanse sin efecto las restricciones relativas a la contratación de personal por nacionalidad o zona, dando en la navegación de cabotaje prioridad a los tripulantes de nacionalidad argentina a igualdad de idoneidad.
Art. 14: Deróganse todas las disposiciones administrativas relativas a la homologación de tarifas u otras retribuciones de transportes de cabotaje de cargas o pasajeros, regionales e internacionales, fluviales o marítimos, con excepción de las relativas a fletes conferenciados.
Todos los órganos de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, se abstendrán de disponer medidas que interfieran en el libre juego de la oferta y de la demanda o que obstaculicen el incremento de la oferta de servicios de transporte, ya sean nacionales o extranjeros, excepto en lo relativo a fletes conferenciados, sin perjuicio de los acuerdos bilaterales en la materia.Los armadores marítimos y fluviales, de bandera nacional o extranjera, y/o los agentes marítimos estarán obligados a comunicar sus tarifas, rutas, frecuencias y calidad del servicio a la autoridad competente, y a hacerlas públicas para asegurar la transparencia de los mercados.
Art. 15: Deróganse los Decretos Nros. 6284/60, 1644/68, 2729/66, 52/70, 1685/80, 1541/73 y todas las normas conexas y afines que se opongan al presente.
Art. 16.- Deróganse los Decretos Nros. 4516/73, 890/80, 476/81 sus modificatorios y conexos. Lo dispuesto en este artículo regirá a los NOVENTA (90) días corridos de la publicación del presente.
Durante este lapso, la ARMADA ARGENTINA elaborará un nuevo proyecto de Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la MARINA MERCANTE y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA elaborará un nuevo proyecto de Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre y de Régimen de Seguridad Portuaria, debiendo ambas instituciones elevarlos a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. Dichos reglamentos deberán seguir los lineamientos del presente Decreto N. 2284/91, limitándolos exclusivamente a la tutela de la navegación, la preservación del medio ambiente y de las instalaciones portuarias, con exclusión de cualquier disposición que pueda interferir el libre juego de la oferta y de la demanda.

CAPITULO III PRACTICAJE, PILOTAJE, BAQUIA Y REMOLQUE
Art. 17.- Los capitanes o patrones argentinos de buques de bandera argentina o con privilegio de tales, que efectúen de manera regular los trayectos completos sujetos a la obligación de llevar a bordo un baqueano, o patrón con conocimiento de zona, podrán optar por prescindir de los mencionados servicios, total o parcialmente, cuando acrediten haber efectuado dentro de los DOS (2) años precedentes y sin interrupciones superiores a los SEIS (6) meses, DIEZ (10) viajes de ida y DIEZ (10) viajes de regreso en los mencionados trayectos. De estos viajes por lo menos TRES (3) deben haberse realizado en el último año.
La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA acreditará automáticamente y con la sola presentación de los interesados la capacidad de los capitanes o patrones de buques para prescindir de los servicios de baquía o de patrones con conocimiento de zona, con la sola acreditación por declaración jurada de haber dado cumplimiento a los requisitos especificados en el párrafo precedente.
Los capitanes o patrones con conocimiento de zona para una o más zonas de baquía obligatoria serán automáticamente titulados como baqueanos y habilitados por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, previa acreditación por declaración jurada del cumplimiento de las condiciones establecidas por este artículo.
Los capitanes o patrones y los armadores serán solidariamente responsables, en los términos previstos por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto N.2694/91, por los daños y perjuicios que causaren con motivo del ejercicio de la prerrogativa acordada por el presente artículo. Toda falsedad o negligencia en la declaración jurada a la que se refieren los párrafos precedentes dará lugar a la cancelación de la habilitación del capitán, sin perjuicio de las restantes penas que pudieren corresponder.

Art. 18: Sustituye Artículo 2 del Capítulo I del ANEXO I del Decreto N. 2694/91.
Art. 19.- Sustituye Artículo 3 del Capítulo I del Anexo I del Decreto N. 2694/91.
Art. 20: Sustituye el Artículo 11 del Capítulo I del ANEXO I del Decreto N. 2694/91.
Art. 21: Sustituye el Artículo 12 del Capítulo I del ANEXO I del Decreto N. 2694/91.
Art. 22: Agrega parte final del Artículo 6 del Anexo I del Decreto N. 2694/91.

Art. 23: Los capitanes argentinos de ultramar, fluviales y de pesca que efectúen de manera regular entradas y salidas a los puertos podrán optar por prescindir de los servicios de pilotaje y practicaje, total o parcialmente, cuando computen en los TRES (3) años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud la cantidad de DIECIOCHO (18) viajes de ida o salida y DIECIOCHO (18) viajes de regreso o entrada de los cuales SEIS (6) viajes de ida o salida y SEIS (6) viajes de regreso o entrada deben haberse efectuado en el último año. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA acreditará automáticamente y con la sola presentación de los
interesados, la capacidad de los capitanes de naves para prescindir de los mencionados servicios contra declaración jurada Los capitanes y armadores serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que causaren con motivo del ejercicio de la prerrogativa acordada por el presente artículo, en los términos
del Artículo 13 del Anexo I del Decreto N. 2694/91. Toda falsedad en la declaración jurada a la que se refiere el párrafo anterior o negligencia darán lugar a la cancelación de la habilitación del capitán, sin perjuicio de las restantes penas que pudieren
corresponder de acuerdo a la legislación penal vigente.
La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA instrumentará los registros necesarios y requerirá la información para mantenerlos actualizados.

Art. 24: El servicio de remolque queda sujeto a los principios de libre competencia, libertad de acceso y libre entendimiento de las partes, con las limitaciones establecidas por el presente decreto.Ratifícase lo dispuesto por la Resolución N.232 de la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE del 29 de agosto de 1991. La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA dispondrá dentro de los TREINTA (30) días corridos de publicado este decreto los trayectos en que no resultará obligatorio el uso de remolques para el ingreso o egreso de buques a las áreas portuarias, dispensando total o parcialmente de esta obligación de uso de remolcador a aquellos buques que dispongan de la capacidad necesaria para efectuar por sí mismos las maniobras requeridas para el ingreso o egreso. Los capitanes, patrones y armadores serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que causaren con motivo del ejercicio de la dispensa del uso de remolque establecida en virtud de la disposición prevista en el párrafo precedente, en los términos del Artículo 13 del Anexo I del Decreto N.2694/91, sin perjuicio de las restantes penas que pudieren corresponder de acuerdo a la legislación penal vigente.

Art. 25: La autoridad de aplicación del presente fijará las tarifas máximas de los servicios involucrados en este capítulo, hasta tanto se den las condiciones de oferta que permitan su liberación.

Art. 26.- La ARMADA ARGENTINA deberá tomar los exámenes para titular Prácticos, Pilotos, Baqueanos y certificar el Conocimiento de Zona, por los menos TRES (3) veces al año.

CAPITULO IV ACTIVIDADES PORTUARIAS
Art. 27: Instrúyese a las autoridades portuarias a arbitrar las medidas necesarias para el traslado a otros puertos o zonas especiales de los buques que por su inactividad, abandono o desuso constituyan un estorbo para las actividades portuarias. El costo del traslado será facturado al titular del buque.
En caso de buques sujetos a medidas cautelares de cualquier especie, o que fueran objeto de litigio judicial, la autoridad del puerto involucrado solicitará al juez interviniente la autorización para hacer efectivo el traslado.
Art. 28: Déjanse sin efecto las restricciones a la oferta de servicios que obliguen a la contratación de empresas de estiba y/o de personal de la estiba, para las tareas de carga y descarga de mercadería, en todo el territorio nacional.
Art. 29: Deróganse las Disposiciones Nros. 10/77, 13/78, 48/79, 49/79 y 24/80 de la CAPITANIA GENERAL DE PUERTOS. Quedan enteramente liberadas y sujetas a los acuerdos libres de partes las relaciones entre el agente marítimo y/o el armador con el usuario para la contratación del servicio de estibaje, operaciones posteriores y conexas. Asimismo, autorízase a las partes previamente citadas a efectuar las operaciones de estibaje y otras afines con su propio personal o con terceros, en todo el territorio nacional, inclusive los puertos.

Art. 30: Instrúyese a las autoridades respectivas para que adopten las medidas conducentes a permitir el funcionamiento durante las VEINTICUATRO (24) horas del día de los servicios aduaneros, de control sanitario, animal y vegetal, de migraciones, bancarios, de estiba y otros servicios, necesarios para que puedan efectuarse fluidamente todas las operaciones de ingreso o egreso de personas o bienes y/o operaciones de carga y descarga de mercaderías en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires y en los puertos que indique la autoridad de aplicación del presente decreto. A tal efecto, las mencionadas autoridades deberán modificar los horarios de trabajo del personal de sus organismos, minimizando el uso de las horas extras y los demás costos laborales y administrativos.

Art. 31: Los servicios extraordinarios, o regímenes asimilados, que presten los organismos correspondientes con relación a lo mencionado en el artículo precedente deberán ser facturados a prorrata, si no se los hubiere porrateado con anterioridad, entre los usuarios, de manera que cada uno de ellos abone la parte proporcional que le corresponda por el servicio que se le haya efectivamente prestado. Cuando por razones técnicas esta disposición no pueda aplicarse, los servicios extraordinarios deberán prestarse a título gratuito.

Art. 32: Prohíbese a los entes que presten servicios en el ámbito portuario el cobro de tasas u otras contribuciones por servicios que no sean efectivamente prestados y utilizados por los usuarios.
Art. 33: Instrúyese a la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para que inicie de oficio o a pedido de partes sumarios en aplicación de la Ley N.22.262, disponiendo el inmediato cese en los términos del Artículo 3 del Decreto N. 2.284/91 cuando exista presunción de comportamientos monopólicos o que afecten la libre competencia.

CAPITULO V REGIMENES LABORALES
Art. 34: Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todo el personal de las siguientes actividades: transporte marítimo, fluvial y lacustre, de pasajeros, cargas y pesca, otras actividades extractivas, así como todas a las actividades portuarias, conexas y afines.

Art. 35: Transitoriamente y hasta tanto se formalicen los nuevos convenios a los que se refiere el artículo siguiente, dejarán de tener efectos aquellas cláusulas convencionales, actas, acuerdos, o todo acto normativo que establezcan condiciones laborales distorsivas de la productividad o que impidan o
dificulten el normal ejercicio de dirección y administración empresaria, conforme lo dispuesto por los Artículos 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, tales como:
a) cláusulas de ajuste automático de salarios o viáticos;
b) pago de contribuciones y subsidios para fines sociales no establecidos en leyes vigentes;
c) normas que impongan el mantenimiento de dotaciones mínimas;
d) normas que limiten o condicionen las incorporaciones o promociones del personal a requisitos ajenos a la idoneidad, competencia o capacidad de los trabajadores;
e) regímenes de estabilidad propia;
f) pago de salarios en lapso inferior a la quincena;
g) (Sin efecto según dec. 1010/2004) normas que impongan la contratación de personal nacional;
h) obligación de contratar indirectamente;
i) contratación obligatoria de delegados u obligación de existencia de delegados en las dotaciones;
j) contratación de personal especializado cuando ello no fuera necesario;
k) apartamiento de las condiciones mínimas fijadas en ley de contrato de trabajo en lo referido a remuneraciones, vacaciones, duración de la jornada de trabajo, descansos, despido y sueldo anual complementario, y en lo referido a la legislación general en materia de accidentes de trabajo;
l) dar prioridad a determinada clase de trabajador;
ll) toda norma que atente contra la mejor eficiencia y productividad laboral.

Art. 36: El MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL procederá dentro de los DIEZ (10) días de la entrada en vigencia del presente, a convocar a las Comisiones Negociadoras de los convenios colectivos de trabajo que regirán las relaciones laborales del personal comprendido en la presente normativa para adecuarlas a las disposiciones vigentes a partir del dictado de este decreto.

Art. 37.- Déjase sin efecto la Ley N. 21.429 y los Artículos 142 y 143 de la Ley N. 20.094 y sus modificaciones, así como todas las normas dictadas por la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS y la CAPITANIA GENERAL DE PUERTOS en relación con la ley y los artículos mencionados.
Suspéndese la vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo, Actas, Convenios y Laudos incluidos en el Anexo III que forma parte del presente.

CAPITULO VI DISPOSICIONES GENERALES
Art. 38: Dispónese la reestructuración de la SECRETARIA DE TRASPORTE del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
la que deberá elevar al COMITE EJECUTIVO DE CONTRALOR DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA un proyecto de estructura dentro del plazo de SESENTA (60) días.
Art. 39: El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL serán, en sus respectivas áreas de competencia, las autoridades de aplicación del presente y dictarán sus normas reglamentarias y de interpretación, quedando expresamente facultados para determinar en cada caso el alcance de las normas aprobadas por este decreto. Cuando la reglamentación del presente involucre competencias de otras jurisdicciones, la autoridad de aplicación requerirá la intervención de las mismas.
Art. 40: Los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios de los entes disueltos serán administrados por la autoridad de aplicación en las áreas respectivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del presente, la que podrá afectarlos en parte a la cobertura de los programas de retiro voluntario y racionalización que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del presente. Fac lltase a la autoridad portuaria para disponer los programas de retiro voluntario en los organismos disueltos, de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia y con intervención de las autoridades que en cada caso corresponda.
Art. 41: Dése cuenta del presente a la COMISION BICAMERAL creada por el Artículo 14 de la Ley N. 23.696.
Art. 42: Déjanse sin efecto todas las normas que se opongan al presente Decreto.
Art. 43: El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 44: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Anexo I

Subsecretaría de Transporte Aéreo. Fluvial y Marítimo
1. Efectuar la propuesta, ejecución y control de las políticas y planes referidos al transporte aéreo, fluvial y marítimo.
2. Coordinar todo lo relativo a planes de ruta como así también la modificación o actualización de la legislación y el funcionamiento del sistema de transporte aéreo.
3. Coordinar todo lo relativo a la modificación o actualización de la legislación y el funcionamiento del sistema de transporte fluvial y marítimo.
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
1. Efectuar la propuesta, ejecución y control de las políticas y planes referidos a la infraestructura portuaria y de las vías navegables.
2. Fiscalizar la actividad operativa de los puertos y el mante-nimiento, profundización y señalización de las vías navegables.
3. Ejercer todas las responsabilidades y fundones de ¡a autoridad portuaria nacional.

Anexo II
IX. Secretaria de Transporte
(1) Dirección de Transporte Ferroviario.
(2) Dirección de Control de Gestión.
· Subsecretaría de Transporte Automotor (1) Dirección Nacional de Transporte Automotor.
· Subsecretaría de Transporte Aéreo, Fluvial y Marítimo
(1) Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo.
(2) Dirección Nacional de Transporte Aéreo.
· Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
(1) Dirección Nacional de Puertos.
(2) Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

ANEXO III
SUSPENSION DE CONVENIOS COLECTIVOS
75/75 -155/75 -30/90 (parte III flota petrolera)
43/89 -249/75 -61/75 “E”
44/89 -279/75 -87/75 “E”
128/90 -295/75 -104/75 “E”
81/89 -297/75 -113/75 “E”
82/89 -304/75 -124/75 “E”
106/75 -325/75 -124/75 “E”
333/75 -348/75 -128/75 “E”
175/75 -396/75 -134/75 “E”
100/75 -401/75 -137/75 “E”
222/75 -407/75 -143/75 “E”
328/75 -408/75 - 5/89 “E”
327/75 -409/75 - 6/89 “E”
332/75 -410/75 - 37/91 “E”
356/75 -411/75 - 40/91 “E”
300/75 -412/75 -160/91
314/75 -413/75 LAUDO N.
429/75 -420/75 - 1/75
158/75 -426/75 - 2/75
14/88 - 13/88 - 3/75
61/89 - 64/90 - 4/75
7/88 -105/90 -18/75
102/75 -117/90 -19/75

-Modificaciones: Art. 13. Dec. 1010/2004 Art. 35 inc. g). sin efecto. Dec. 1010/2004-