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Ley 25.877 y las Cooperativas de Trabajo Pesqueras
 
 
ARTICULO 40.— Los servicios de inspección del trabajo están habilitados para ejercer el contralor de las cooperativas de trabajo a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social en relación con los trabajadores dependientes a su servicio así como a los socios de ella que se desempeñaren en fraude a la ley laboral.
Estos últimos serán considerados trabajadores dependientes de la empresa usuaria para la cual presten servicios, a los efectos de la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social.
Si durante esas inspecciones se comprobare que se ha incurrido en una desnaturalización de la figura cooperativa con el propósito de sustraerse, total o parcialmente, a la aplicación de la legislación del trabajo denunciarán, sin perjuicio del ejercicio de su facultad de constatar las infracciones a las normas laborales y proceder a su juzgamiento y sanción, esa circunstancia a la autoridad específica de fiscalización pública a los efectos del artículo 101 y concordantes de la Ley Nº 20.337.
Las cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni de cualquier otro modo brindar servicios propios de las agencias de colocación.
Opinión personal: su presunta inconstitucionalidad

Esta ley por un lado prescribe competencias del Ministerio de Trabajo (MT) en orden a la determinación del fraude laboral y su juzgamiento y sanción, amén de establecer prohibiciones a las Cooperativas de Trabajo (CT) sobre la provisión de servicios eventuales, de temporada y de agencias de colocación.

No puede deducirse que a priori haya una violación a la regla del “non bis in idem” (que nadie pueda ser juzgado dos veces por un mismo hecho, art. 18 CN) solo por el hecho de que una ley autorice al MT a poder tener facultades de juzgamiento y sanción del incumplimiento normativo de las cooperativas en infracción a la ley laboral cuando, paralelamente, otra ley, la 20. 337, haya dado similares atribuciones al organismo de contralor de las cooperativas (INAES). Habrá que ver en el caso concreto cual organismo previno y plantear la cosa juzgada como una excepción en el proceso correspondiente que pueda intentar juzgar de nuevo el mismo hecho.

Cuando se alude a la regla del “non bis in idem” la inconstitucionalidad se configuraría si fuese lícito juzgar dos veces un mismo hecho y que este configurada la misma por las disposiciones de una ley, verbigracia: si esa ley dispusiese algo así como: “el MT podrá constatar las infracciones a las normas laborales y proceder a su juzgamiento y sanción independientemente de lo resuelto por la autoridad de contralor” solo así estaríamos en condiciones de poder afirmar la inconstitucionalidad.

Lo que podría criticarse de que haya dos organismos que puedan tener similares atribuciones en mismo punto, sería la deficiente política legislativa que superponga competencias pero no presumir la inconstitucionalidad per se. La incompetencia del MT en el tema cooperativista termina el día de la sanción de la presente ley dado que lo faculta a tenerla en este punto. La colisión entre dos normas no puede generar inconstitucionalidad en cuanto a atribuciones de competencia.

Por otro lado, cuando se prescribe la prohibición de las cooperativas sobre provisión de servicios eventuales, de temporada y de agencias de colocación se ha alegado que se viola el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional, si se compara a las cooperativas con una sociedad mercantil que sí pueden realizar tal modalidad.

Sin embargo, más allá de que los derechos constitucionales no son absolutos y están sujetos a limitaciones surge a todas luces evidente adentrándose en la problemática del fraude laboral que dichas modalidades evidencian un fraude a la ley del trabajo que el legislador quiso castigar evitando su configuración. En definitiva una decisión política no judiciable.

Menos aún lesiona la mentada ley los derechos constitucionales del trabajo o de la industria lícita, porque es la ley la que debe reglar cuáles actividades sean lícitas y cuáles no lo sean.

También se ha alegado que la ley 25.877 podría lesionar el art. 28 de la CN, toda vez que se alterarían derechos adquiridos, ya que las cooperativas de trabajo obtuvieron la debida autorización para funcionar y oportunamente les fue aprobado su estatuto, dentro del cual quedó aprobado su objeto social, por la autoridad competente.

Sin embargo la CN habla de los derechos reconocidos en su articulado que no pueden ser alterados por las leyes, no de una ley que altera derechos reconocidos en otra ley he aquí una gran diferencia, por lo que si se produjera esa alteración sería a raíz de una colisión normativa entre dos leyes, pero no hay un nexo directo entre la ley 25.877 y una violación a los derechos de la CN. La garantía de la razonabilidad en la reglamentación de los derechos solo opera en este ámbito de relaciones.

Es con respecto a las facultades jurisdiccionales dónde radica el problema a determinar. Debemos preguntarnos: Solo un Tribunal laboral puede declarar el fraude laboral porque es una competencia netamente judicial o puede ser una facultad administrativa?
En la mayoría de los casos de los procesos de fraude laborar la parte actora está sujeta a una prueba diabólica dada la complejidad de la operatoria cooperativista, la actividad del MT en este sentido puede ser a de evidente ayuda a dilucidar las cuestiones litigiosas en el proceso.

La naturaleza de la medida puede emparentarse con las sanciones administrativas que puede establecer el MT. Lo esencial es que esté garantizado el debido proceso y todas las garantías judiciales porque si la administración constata un fraude laboral y lo sanciona de acuerdo a lo establecido en la ley, se tiene derecho a recurrir ante la justicia, no violentando las garantías constitucionales.